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Especial: transparencia y tercer sector

4 Jun , 2014  

Texto: Arturo Nicolás | Foto de portada: Jacinta Lluch

Hace ya un semestre -concretamente en noviembre de 2013-, el Congreso de los Diputados aprobaba una ley muy deseada. A pesar de no haber gozado del apoyo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD ni el resto del grupo mixto -en protesta ante el caso Bárcenas, entre otras razones-, sí ha sido un paso adelante en una materia clave: la transparencia. Y es que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno, aunque tarde y con un texto manifiestamente mejorable, aparece en un momento en el que la sociedad clama contra la corrupción y la opacidad en la administración pública. Cabe destacar, eso sí, que el desarrollo de esta ley no se ha consensuado con el tercer sector, un stakeholder más que evidente.

Si bien la sección dedicada al Buen Gobierno entró en vigor con la publicación del texto normativo en el Boletín Oficial del Estado -10 de diciembre de 2013-, la de Transparencia y Acceso a la Información Pública goza de un año de margen para hacerlo, plazo que previsiblemente será aprovechado al máximo.

Impacto en el tercer sector

De la norma extraemos dos ideas con respecto al tercer sector que nos sirven de punto de partida para el análisis: por una parte, algunas entidades no lucrativas -en función del presupuesto y la ayuda pública recibida- estarán obligadas a publicar cierta información. Por otra parte, el conjunto de entidades del tercer sector contará con la oportunidad de conocer más información de la administración pública, lo que puede suponer una herramienta de incidencia política muy valiosa.

Ante esta tesitura, las organizaciones Algalia, A3 y Landín Informática han colaborado juntas para llevar a cabo la II Jornada sobre Impacto de la Ley de Transparencia en el Tercer Sector, que se celebrará en Santiago de Compostela el próximo 19 de junio. La conferencia contará con la presencia de cuatro ponentes con notable autoridad en la materia:

Así las cosas, hoy comenzamos en Reseteando una serie de cuatro entrevistas que nos ayudarán a preparar el terreno para este evento, que seguro aportará luz en una materia de la que la ciudadanía está cada vez más preocupada.

Comenzamos, pues, charlando con Isabel Peñalosa Esteban, -directora de relaciones institucionales y asesoría jurídica de la Asociación Española de Fundaciones-, sobre los retos y oportunidades que supone esta normativa para las entidades no lucrativas.


Arturo Nicolás: Contextualicemos, ¿qué implica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno?

Isabel Peñalosa: Esta ley regula determinadas obligaciones de transparencia, no solo para las administraciones públicas, sino también para entidades privadas que perciban durante un año subvenciones o ayudas públicas por un importe superior a 100000 euros, o cuando esas ayudas públicas representen más del 40% del total ingresos de esa entidad siempre y cuando alcancen como mínimo 5000 euros.

En definitiva, establece obligaciones de transparencia no solo para la administración y para otras entidades del sector público, sino también para entidades privadas financiadas con fondos públicos.

A.N.: ¿Cuál es el impacto de la Ley de Transparencia en las organizaciones no lucrativas?

I.P.: El impacto es importante porque hay muchas entidades financiadas por fondos públicos, muchas asociaciones y algunas fundaciones, y por lo tanto pueden verse obligadas a cumplir con nuevas obligaciones. Es cierto que muchísimas entidades del sector -cada vez más-, en cuanto a las prácticas de buen gobierno y transparencia, están yendo mucho más lejos de lo que va la ley.

A.N.: ¿Qué retos y oportunidades plantea esta normativa? ¿qué beneficios aporta?

I.P.: Sin duda, las ventajas propias de la transparencia: más confianza en las instituciones en general y en las entidades privadas. También ofrece la oportunidad de continuar con el debate sobre qué entendemos por una entidad u organización transparente, es decir, cuáles son los estándares mínimos o máximos que debe cumplir una organización que consideremos transparente.

En todo caso, para nosotros aquí hay otra oportunidad. Siempre queremos que se promueva la transparencia desde las propias organizaciones y también desde la administración pública, es decir, la administración tiene mucha información del sector fundacional que debe dar a conocer porque está entre las obligaciones reconocidas, ya no solo en esta ley sino también en la ley de fundaciones. La puesta en marcha o el desarrollo de esta ley debería ser una oportunidad para que la propia administración de a conocer más y mejor el sector fundacional con la información tan importante que dispone sobre él.

A.N.: Estamos hablando de una norma que fue aprobada sin el apoyo del sector progresista del Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son las sombras de la Ley de Transparencia?

I.P.: Para las entidades sin fin de lucro, desde el punto de vista técnico hay algunas imprecisiones. Es decir, hay obligaciones cuyo alcance tiene claramente que determinarse reglamentariamente, porque plantea algunas dudas en su aplicación: en algunos casos porque se trata de una información pensada para administraciones públicas y no para entidades privadas; y en otros casos simplemente porque la norma no está clara.

 A.N.: ¿En qué posición se encuentra esta ley en relación al cuerpo normativo sobre esta materia que encontramos en el resto de países de la Unión Europea?

I.P: Si no me equivoco hemos sido uno de los últimos países europeos en aprobar una ley de este tipo. Se queda corta en algún tipo de información –no sabemos qué pasará con el reglamento- que quizá no está debidamente contemplada o no está claro que sea información fácilmente accesible -información de tramitación y algunos otros aspectos que para los interlocutores de la administración y el sector público en general son importantes y que quizá en la ley puedan quedar un poco atenuados-, pero insisto en que hay que ponerla en práctica y ver cómo funciona.

A.N.: Isabel, háblanos del papel de la Asociación Española de Fundaciones en relación a la citada Ley de Transparencia.

I.P.: La Asociación Española de Fundaciones agrupa a cerca de 1000 fundaciones de todos los ámbitos territoriales y sectoriales de actuación y nuestras finalidades son tres:

  • Representar y defender los intereses del sector fundacional
  • Articular y fortalecer el sector fundacional
  • Prestar servicios a las fundaciones asociadas

Participamos en todos los procesos legislativos o reglamentarios que afecten al sector, pero en temas de transparencia sobre todo lo que hemos promovido es la autorregulación por parte de las entidades. ¿De qué manera? Pues dotándolas de instrumentos prácticos que permitan regular sus propias obligaciones en cuanto a qué información tienen que poner a disposición, cómo debe funcionar un buen patronato y facilitarles que, de forma voluntaria, más allá de las obligaciones legales, se comuniquen con sus beneficiarios, con los donantes y con la sociedad en general.


* Accede a más información sobre la II Jornada sobre Impacto de la Ley de Transparencia en el Tercer Sector pinchando aquí.

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