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J.M. Ramírez Navarro: “La Reforma Local es la más neoliberal de este gobierno”

22 Abr , 2014  

Texto: Arturo Nicolás y Xabier Rodríguez | Foto de portada: santanadeyepes

Para empezar, una certeza: cuando uno lee sobre Servicios Sociales en España, tarde o temprano termina encontrando algún documento o referencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España.  Estamos, pues, ante una de las instituciones con más autoridad -aquella auctoritas del Senado romano- en la materia. Dicho esto y, habida cuenta de la grave polémica suscitada por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) -comúnmente conocida como Reforma Local– , la entrevista con José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la citada asociación, se nos antoja más que imprescindible.

Que las perspectivas no son buenas lo sabemos todas/os, pero ¿hasta qué punto y cómo afectará la Reforma Local al día a día de los Servicios Sociales? Ramírez Navarro nos responde a este y más interrogantes en una extensa charla que reproducimos a continuación.

José Manuel Ramírez Navarro, en una ponencia en Málaga con la asociación AFENES el pasado mes de marzo.

José Manuel Ramírez Navarro, el pasado mes de marzo en Málaga, en una ponencia con la asociación AFENES.

Reseteando: Directamente y sin anestesia, ¿qué implica la Reforma Local?

J. M. Ramírez Navarro: Los Servicios Sociales [SS.SS. en adelante] en España se fundamentan en dos pilares básicos que se construyen a lo largo de estos últimos 30 años. Un pilar son los SS.SS. Comunitarios, que dependen de los ayuntamientos y de las diputaciones, y otro pilar es la Ley de Dependencia, que es el que genera el derecho subjetivo de ciudadanía. Estos dos pilares soportaban un sistema de SS.SS. que atendía, en el caso de los SS.SS. locales, a siete millones de personas, y en el caso de la Ley de Dependencia aproximadamente a un millón. ¿Con esto qué decimos? Primero: todas las personas en situación de dependencia son usuarias de los SS.SS., pero no todos los usuarios de los SS.SS. son personas en situación de dependencia. Este concepto, que era tan básico, el ex ministro Jesús Caldera  hizo un destrozo en el contenido cuando indicó que el cuarto pilar del Bienestar Social era la Ley de Dependencia y todo el mundo lo repitió así. El cuarto pilar del Bienestar Social son los SS.SS. y la Ley de Dependencia es una parte que consolida los Servicios Sociales.

En este momento, el gobierno del Partido Popular está amenazando el sistema de SS.SS. procurando una involución hacia los años de la beneficencia, es decir, 30 años antes. Por una parte, está haciendo un desmantelamiento programado, una demolición encubierta de la Ley de Dependencia y, por otra parte, pretende hacer un desmantelamiento del sistema de SS.SS. de las corporaciones locales, precisamente en estos momentos de crisis. Esto es como si España tuviese una epidemia y el gobierno se dedicara a despedir médicos y recortar en sanidad. Pues esto es lo que se está produciendo.

R.: Tal cual…

J.M.R.N.: Se está haciendo un experimento gravísimo porque se está haciendo con personas. Nosotros no hemos sabido evaluar los efectos de los SS.SS., pero ahora vamos a tener que ver esa evaluación de ese desmantelamiento precisamente sobre las personas que son más vulnerables. La ley de Reforma Local lo que hace es considerar impropios la mayoría de los SS.SS. que en estos momentos tenemos. Los deja nada más en la competencia llamada Evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social (art. 25 LRSAL). Es decir, prácticamente los limita a un servicio de derivación, que yo creo que viene de mandar a los ciudadanos a la deriva, ¿no? Porque es lo que plantea… ¿Qué significa? Pues significa hasta tal punto que va a suprimir unos servicios por un montante aproximado de 4000 millones de euros. Esto es lo que decía el Programa de reformas del Reino de España y éstas son las cuentas que nosotros vemos que gestionan las corporaciones locales.

Salvador Victoria, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en el Senado en 2013 en el debate sobre el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. FOTO: Salvador Victoria

Salvador Victoria, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en el Senado en 2013, en el debate sobre el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. FOTO: Salvador Victoria

Para dar un dato: las corporaciones locales gestionan 5194 millones de euros. Esa cantidad supone el 9% del presupuesto de las corporaciones locales. Aproximadamente tres cuartas partes de ese presupuesto son de la propia corporación local. Si declaramos impropio este presupuesto, a partir del 1 de enero de 2016 ese presupuesto no lo van a poder aportar las corporaciones locales. ¿Qué significa? Habrá una supresión de servicios, y esto hay que tenerlo en cuenta: cuando la gente dice que va a haber una privatización de servicios está confundiendo a la ciudadanía. En los SS.SS. no hay privatización, en los Servicios Sociales el ahorro se produce por la supresión de los servicios. ¿Entendéis esa diferenciación? Porque en la Ley de Dependencia sí que hay privatización, es decir, ahí están las aseguradoras, las grandes multinacionales, Mapfre, Adeslas, Sanitas, DKV, ahí sí que tienen un negocio de 6000 millones de euros porque hay personas que tienen dinero para poder pagar esos servicios. Habrá un sistema dual, habrá personas que puedan pagar eso. Las personas con las que trabajamos los SS.SS. son clases empobrecidas, ahí no hay privatización ninguna, no hay posibilidades de generar negocio. ¿Cómo se va a producir entonces el ahorro? Tal y como decía el Programa de reformas del Reino de España se va a producir con la supresión de servicios y el recorte de personal. De hecho ya se está produciendo.

Hay un dato demoledor: a lo largo de estos últimos dos años, del presupuesto de 2010 al presupuesto liquidado 2012, con los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya se han recortado 1100 millones de euros, mayoritariamente en transferencias corrientes: las ayudas a las personas y a los colectivos. También se han recortado 300 millones de euros en capítulo I, Gastos de Personal. ¿Sabéis en qué no se ha recortado? En gastos corrientes de bienes y servicios, que es lo que se les paga a las empresas privadas para mantener los servicios de ayuda a domicilio, lo que llamamos capítulo 2, es decir, un desmantelamiento del sistema con la supresión de servicios y despido de los profesionales. En algunas comunidades autónomas ya lo han experimentado, en Castilla La Mancha el avance es demoledor, de la red local ya prácticamente no queda nada: empezaron despidiendo trabajadores de igualdad, luego animadores, educadores sociales, ahora trabajadores sociales, al final no quedará nada. El asunto de la Reforma Local es gravísimo. De lo que estamos hablando es que va a haber un recorte presupuestario durísimo a través de la supresión de servicios dejando a la gente más vulnerable sin ningún tipo de capacidad de generar alguna expectativa para salir de la exclusión social.

R.: Tras contextualizar la llamada Reforma Local, acudimos al último documento elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España. El texto, en donde los autores aportan posibles estrategias a seguir para mitigar los efectos de la reforma, lo han presentado recientemente a diversos partidos políticos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal ha sido la acogida?

J.M.R.N.: Mirad, encontramos a los partidos políticos muy receptivos. Todos, menos el Partido Popular. Sí que es cierto que hay iniciativas del PP que nos están gustando y que nos parece que pueden resolver el problema si dejan resolverlo. Encontramos muy receptivo al PSOE, es normal, el partido socialista ha desarrollado estos SS.SS. desde la proximidad durante muchos años. Encontramos muy receptivo a IU, Gaspar Llamazares es una persona súperinteligente en este tema. Ponía un ejemplo muy claro: imaginaos que quitan los centros de salud y ahora la gente empieza a ir a los hospitales, eso va a ser antieconómico. Si ustedes quitan los centros sociales donde trabajan trabajadores sociales, educadores sociales y psicólogos, ¿dónde van a ir?

También encontramos mucha receptividad en CIU y en UPD. Estamos valorando también las iniciativas que están haciendo los gobiernos autonómicos, incluidos los del PP. Nos gusta y valoramos muy positivamente el Real Decreto que ha aprobado la Junta de Castilla y León, nos gusta la circular más todavía, nos gusta alguna iniciativa de alguna comunidad autónoma como la de Madrid, la de Asturias y la de Canarias. Y estamos esperando con impaciencia -aunque lo que hemos leído nos gusta también- la nueva ley de SS.SS. que plantea la Xunta de Galicia. Sería curioso que el gobierno de Núñez Feijóo enmendara la plana a Montoro en las competencias de SS.SS.. Si lo hace así va a contar con nuestro apoyo, no tenemos ningún problema.

Nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa que plantee que los equipos interdisciplinares, tal y como los conocemos en toda España, de los centros de SS.SS., se mantengan como competencia local, lo haga quien lo haga. Sabemos que en la Xunta, por el estatuto que tenéis, no pueden hacer Reales Decretos, es más compleja la tramitación, pero si va en la línea que ha hecho el gobierno de Castilla y León estaremos de acuerdo. Yo soy de Aragón, los que somos de regiones rurales, vosotros también, sabemos que estas cosas no se pueden hacer si no se hacen desde el pueblo, desde lo más cercano.

Varios miembros de la ADGSSE (de izquierda a derecha: José Manuel Ramírez Navarro, Elena García Alonso, Luis Barriga, Ángel Parreño y Gustavo García) con Gaspar Llamazares (IU)

Varios miembros de la ADGSSE (de izquierda a derecha: José Manuel Ramírez Navarro, Elena García Alonso, Luis Barriga, Ángel Parreño y Gustavo García) con Gaspar Llamazares (IU)

R.:  Una de las ideas en la que ustedes inciden, siguiendo los postulados de Mary Richmond, es la vinculación entre diagnóstico e intervención. Con esta reforma hay riesgo de que en un nivel -el municipal- se evalúen situaciones de necesidad social y, en otro nivel -fuera del propio ayuntamiento y de los equipos profesionales que han realizado esa evaluación- se diseñe la intervención a llevar a cabo o directamente se ejecute. Un error garrafal.

J.M.R.N.: Nosotros hacemos un diagnóstico para intervenir, no hacemos un diagnóstico como hacen los sociólogos para no intervenir. Cuando hacemos un diagnóstico en una familia multiproblemática, y el diagnóstico es individual, familiar, grupal y de comunidad, lo hacemos porque tenemos un plan de intervención. Nosotros cuando hacemos un diagnóstico de una familia a la que van a desahuciar, que tiene tres niños, que tiene una mujer con problemas depresivos, que el marido tiene problemas alcohólicos, etc., no hacemos eso por afán de conocimiento, por simplemente hacer un diagnóstico para saber. Hacemos el diagnóstico para que el trabajador social sepa cómo debe intervenir, con qué recursos va a contar, necesitamos ese diagnóstico para que el educador haga un plan de intervención y opere sobre esa familia sobre los aspectos que como objetivo hemos establecido.

Ese concepto de intervención relacionada con el diagnóstico va unido en ese nivel que planteaba Mary Richmond, en los ámbitos personal, familiar, grupal y comunitario. Los que somos trabajadores de los SS.SS. conocemos esto perfectamente, seamos de la disciplina que seamos.


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